El contrato ley entre el Estado y Minera Panamá sigue generando reacciones los políticos y el sector empresarial. Al respecto el candidato presidencia del Partido Popular, Martín Torrijos, consideró que el mismo implica ceder la soberanía sobre los recursos naturales del país y un nuevo tipo de enclave colonial. Además, cuestionó que las observaciones de abogados, ambientalistas y ciudadanos no fueron atendidas durante el período de consultas.
Esta misma postura la compartió el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombano, quien consideró que el acueerdo minero es un atentando conttra los recursos naturales y soberanía.
Por su parte, la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) resaltó la importancia de que dicho contrato se apruebe en virtud de los miles de empleos directos e indirectos que genera así como su aporte de 4.8% al PIB y las compras por más de $900 millones a 2,000 a proveedores locales. “Con la aprobación de este contrato se muestra al mundo seriedad y la existencia de un entorno propicio para la inversión en Panamá”, subrayó la CAMIPA.